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Desde 1936, el alzamiento militar contra la República estableció un severo proceso de selección y depuración de libros escolares con el fin de implantar y legitimar el orden político conocido como “Nuevo Estado”. Una comisión especial del Ministerio de Educación Nacional fue la encargada de dictaminar la pertinencia de los textos que se debían utilizar en la educación, de manera que  respondieran a los santos principios de la religión y la moral cristiana y exaltaran con sus ejemplos el patriotismo de los más pequeños.

 

Una vez terminada la Guerra Civil, el franquismo desmanteló y deslegitimó los avances educativos producidos anteriormente. Su política educativa, centrada significativamente en la escuela como una agencia de socialización política, suponía también el necesario control de los libros y de sus finalidades formativas.

 

Un objetivo de vigilancia ideológica que se confirmó en la Ley de Educación Primaria de 1945; los libros escolares y los textos de lectura tenían que ser aprobados por el Ministerio, la jerarquía eclesiástica o los organismos competentes, respectivamente, en todo aquello que afectara a la doctrina religiosa y a la formación del espíritu nacional.

 

Debilitada fuertemente la preocupación por la técnica pedagógica y con unas orientaciones curriculares marcadas por la influencia de la ideología, el interés fundamental de los libros escolares era contribuir a revalorizar lo español, reconstruir la nación y crear consciencia de unidad nacional, transmitir y animar fuertes convicciones religiosas e inculcar  una concepción jerárquica y autoritaria de la realidad social. El principal requisito era, lógicamente, que se ajustaran en los contenidos a los principios doctrinales del régimen franquista.

La Escuela Azul (1939-1945)

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